Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que desestimó el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales contra Orden Foral 63/2021, de 27 de diciembre, por la que se establecen medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario por la situación epidemiológica derivada del Covid 19, y modifica la Orden Foral 60/2021, de 24 de noviembre de la Consejería de Salud. Tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar si el ámbito de un proceso ordinario de cognición plena y a efectos de valorar la posible vulneración del principio de legalidad y de proporcionalidad de las medidas sanitarias preventivas específicas y extraordinarias adoptadas por las administraciones públicas por la situación epidemiológica derivada del Covid 19, procede aplicar directamente la decisión sobre la procedencia de los certificados Covid adoptada en el ámbito de ratificación judicial de medidas sanitarias ex artículos 10.8 y 11.1 j) de la Ley jurisdiccional, o es necesario efectuar y fundamentar expresamente el control de legalidad, y la incidencia que en ello pudiera tener la declaración de inconstitucionalidad de esos preceptos legales por la STC 70/2022, de 2 de junio.
Resumen: Salud Pública. Precisar, si el ámbito de un proceso ordinario de cognición plena y a efectos de valorar la posible vulneración del principio de legalidad y de proporcionalidad de las medidas sanitarias preventivas específicas y extraordinarias adoptadas por las administraciones públicas por la situación epidemiológica derivada del Covid 19, procede aplicar directamente la decisión sobre la procedencia de los certificados Covid adoptada en el ámbito de ratificación judicial de medidas sanitarias ex artículos 10.8 y 11.1 j) de la Ley jurisdiccional, o es necesario efectuar y fundamentar expresamente el control de legalidad, y la incidencia que en ello pudiera tener la declaración de inconstitucionalidad de esos preceptos legales por la STC 70/2022, de 2 de junio.
Resumen: La Sala inadmite el recurso por el procedimiento de derechos fundamentales interpuesto por diversos diputados en el Congreso electos por circunscripciones andaluzas y de los Diputados en el Parlamento Andaluz de VOX acogiendo la falta de legitimación opuesta por la Administración pero desestimando la carencia sobrevenida de su objeto al haber desplegado efectos durante su vigencia. Pese a que los partidos políticos constituyen instrumentos de participación política de los ciudadanos en el Estado democrático, esta función política de carácter general, no obstante, no es suficiente para conferirles legitimación para la impugnación de cualquier disposición o acto administrativo requiriéndose un interés legítimo. De reconocérseles legitimación en función de los fines que persigue o su programa de actuación equivaldría a reconocerles una suerte de acción popular encubierta, que no tienen atribuida por nuestro ordenamiento jurídico. La acción ejercitada en el recurso lo es por los referidos diputados en su condición de tales, y no a título individual, o como ciudadanos particulares.
Resumen: Una entidad gestora de varias residencias de mayores solicita compensación de los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia del COVID. La sentencia lo desestima al apreciar que es el artículo 34 Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el que estableció un régimen excepcional de mantenimiento del equilibrio económico de los contratos de concesiones de obras y de servicios, en caso de que fuera imposible su prestación. Y en el caso la indemnización no procede porque la misma debe estar vinculada a los gastos efectivamente realizados por el contratista durante el período de suspensión y en relación con el contrato administrativo que haya resultado suspendido como consecuencia de la pandemia. Teniendo en cuenta que el contrato objeto de autos no fue suspendido por imposibilidad de ejecución (todo lo contrario) dicha norma no resulta de aplicación.Los hechos acaecidos a raíz de la pandemia han determinado que el legislador implante una regulación de excepción, el Real Decreto-Ley 8/2020. En base a lo expuesto cabe entender que no puede prosperar la acción indemnizatoria ni por enriquecimiento injusto ni por reequilibrio económico derivado de un hipotético factum principis al no darse los requisitos de esas instituciones.
Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó demanda de desahucio por precario. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida. El recurso de apelación se fundaba en la vulnerabilidad social y económica de la demandada y en la procedencia de suspensión del lanzamiento acordado. El tribunal de apelación rechaza el motivo alegado porque la alegación de vulnerabilidad y la procedencia de la suspensión del lanzamiento no afectan a la situación de precario ni es causa de oposición a la acción de desahucio fundada en tal situación, todo ello sin perjuicio de que una vez acordado el lanzamiento, la demandada plantee el incidente de suspensión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el art. 1 bis del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, modificado por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero.
